Saturday August 17 2019
2017-05-05
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Reforma a la Seguridad Social

Una necesidad para generar: competitividad, empleo adecuado y bienestar

Por: Juan Pablo Jaramillo

En Ecuador la importancia del empleo no solo obedece a que es la principal fuente de ingresos para la mayoría de los habitantes, si no al hecho de que el derecho a la salud y la pensión para vejez se ha ligado jurídicamente a la obtención de un empleo formal en relación de dependencia. Es así, que el costo para financiar los rubros de pensión y salud, son compartidos mediante impuestos a la nómina pagados por el empleador privado y contribuciones que recaen sobre el empleado para financiar al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), institución que complementariamente recibe subsidios por parte del Estado.

El esquema de financiar derechos mediante impuestos sobre la nómina conlleva a un sistema que alienta la informalidad, es ineficiente al tener instituciones que duplican esfuerzos y genera una alta discriminación en la prestación de servicios sociales. El trabajador autónomo, el campesino que trabaja por cuenta propia, así como las trabajadoras del hogar; no suelen aportar al IESS por su alto costo y son relegados del derecho a pensión y salud, siendo que se los discrimina a atenderse en una red hospitalaria pública de menor calidad a cargo del Ministerio de Salud y se los excluye por completo del derecho a una pensión por vejez. Por otra parte, militares y policías acceden a sistemas de Seguridad Social de una mayor calidad financiado con recursos públicos fuertemente subsidiados por impuestos indirectos como lo son: el IVA e ICE; lo que genera una sociedad con distintos privilegios para civiles y no civiles.

La discriminación es tal que la estadística del ENEMDU (Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo) a diciembre de 2016 evidencia que para la población entre 15 y 64 años la probabilidad de tener un empleo en relación de dependencia y por ende aportar al IESS – accediendo al derecho (privilegio) a salud y pensión para la vejez – es del 27.5%, probabilidad que cambia de manera radical en función de las distintas características de la población.

Tabla 1. Probabilidad de acceder a la Seguridad Social del IESS

Grupos sociales históricamente marginados como: jóvenes, adultos cercanos a la tercera edad, personas con menor grado de educación, indígenas, montubios, el sector rural y las mujeres tienen una menor probabilidad de acceder a un empleo en relación de dependencia y por ende obtener una mejor calidad de vida.  En dicho sentido es que se vuelve imprescindible una reforma integral a la financiación a la Seguridad Social con el fin de: aumentar la competitividad, el empleo y el bienestar para la población mediante la ampliación y democratización de su cobertura.

La solución recae en dar paso a una Devaluación Fiscal: disminuir los impuestos sobre el trabajo (aportes del empleador al IESS) y elevar los impuestos indirectos (IVA e ICE) con el fin de aumentar la competitividad. De esta forma se reduce el costo laboral y se encarece el consumo; fomentando las exportaciones (exentas de IVA) y limitando las importaciones (que si pagan IVA). Lo que lleva a un mayor nivel de ahorro interno y crecimiento económico, sin sacrificio fiscal que reduzca los recursos para la Seguridad Social. –E. Farhi, G.Gopinath, O. Istkhoski (2013)

Actualmente, el IESS se financia con una tasa impositiva y aportes que es compartida entre el empleador y el empleado; la cual en total suma el 20.60% del rubro sobre sueldos y salarios. De este monto, el 9.45% proviene del aporte del empleado y 11.15% proviene del impuesto al empleador. A su vez, estos valores se destinan para distintos usos: pensión por vejez, cesantía, ley orgánica de discapacidades, seguro de salud, riesgos de trabajo, seguro social campesino y gastos de la administración.  En términos relativos al PIB, los aportes a la Seguridad Social en 2015 – año de la última cifra actualizada – alcanzaron un total del 5.01% del PIB, el equivalente a 5,053 millones de dólares.

El aporte del empleador es un impuesto que repercute directamente sobre el costo laboral llevando a que este aumente, lo que repercute sobre la competitividad del empleador y dificulta la contratación de personal. El 11.15% que el empleador paga sobre su nómina equivale en términos macro económicos al 2.71% del PIB.  La devaluación fiscal implicaría que este rubro debería de eliminarse y ser sustituido – para no desfinanciar a la Seguridad Social – con un mayor cobro de impuestos indirectos y pre asignaciones, particularmente un aumento del IVA –llevándolo hasta el 16%–  y un mayor aporte por parte del trabajador, para así aumentar la competitividad de las empresas.

La política de Devaluación Fiscal implicaría la reestructuración del financiamiento a la Seguridad Social llevando a que el aporte del trabajador se incremente del 9.45% al 13.54%, siendo que este aporte se utilizaría exclusivamente para financiar pensión para la vejez (9.74%), seguro de cesantía (2%) y gastos de la administración (0.8%). Rubros a ser administrados por el BIESS, que, mediante la colación de créditos hipotecarios, quirografarios e inversiones de capital garantizaría un rendimiento financiero para el financiamiento de la pensión por vejez, y a su vez, dinamiza la economía al trasladar ahorro interno hacia inversión interna.

Por otra parte, el aumento del IVA se utilizaría exclusivamente para financiar un Sistema Único de Salud Pública a cargo del Ministerio de Salud, que pasaría a administrar los hospitales del IESS, ISSFA, e ISSPOL que sumados a la ya existente infraestructura hospitalaria del ministerio se encargaría de suministrar salud pública para toda la población sin distinción de: edad, genero, aspecto racial o condición de empleo.

Una tasa del IVA del 16% generaría un recaudo por IVA del orden del 8.4% del PIB; por lo que, una pre asignación del 50%, es decir, 4.2% del PIB para salud, sumada a la pre asignación de la totalidad del ICE (0.8% del PIB) llevarían a tener recursos permanentes para el sistema de salud del orden del 5% del PIB, lo que representaría recursos anuales del orden de 5,000 millones de dólares para la salud pública.

Sustituir ingresos fiscales de aportes patronales a la Seguridad Social por un incremento del IVA aumentaría la competitividad. Disminuiría el costo de la mano de obra en 11.15%, lo que se estima podría alentar la creación de alrededor de 139 mil empleos adecuados a nivel urbano, cifra importante tomando en cuenta que el empleo adecuado a nivel urbano acorde al INEC es de apenas 2.5 millones de empleos. Estos cálculos, lejos de ser especulaciones,  se derivan de la relación empírica entre empleo adecuado a nivel urbano, crecimiento económico y costo laboral la cual determina que: un aumento en 1% en los costos laborales afectan al empleo adecuado en -0.49% y que un aumento del PIB en un 1% aumenta la generación de empleo en 1.31%.

El análisis de las cifras de la última década referente a empleo adecuado a nivel urbano

– aquel en el que el trabajador labora 40 horas o más y percibe ingresos superiores al mínimo. O que, si bien el trabajador no labora las 40 horas semanales o más, el mismo manifiesta de manera expresa no tener deseo por trabajar más tiempo dado a que si tiene ingresos superiores al salario mínimo –

Señala que la generación del mismo, un aumento de alrededor de 365 mil empleos adecuados en el sector urbano a lo largo de 10 años, ha estado limitado al aumento de la producción y a la evolución del costo de la mano de obra – costo del salario mínimo más sobresueldos –. Siendo que este último, paso de 233.77 dólares en 2007 a 498.38 en 2016, o lo que en términos reales –descontando el efecto de la inflación – implica un aumento acumulado del 53.29%. El gran incremento en el costo laboral dificulto la creación de empleo adecuado y es inferior a un incremento de la producción medida en términos reales por medio del PIB de solo el 37.01%, lo que equivale a un promedio de crecimiento económico del 3.7% anual.

La evidencia empírica lleva a pronosticar que si en los próximos años no se lleva a cabo una reforma estructural sobre el sistema laboral que promueva la competitividad y el mayor crecimiento de la economía. Los planes de creación de empleo se verán limitados a que los costos laborales se mantengan bajos y la economía crezca un ritmo importante. Las cifras señalan que, para crear 800 mil empleos adecuados a nivel urbano en los próximos 4 años, sería necesario que la economía mantuviese un crecimiento económico anual de entre el 6% y 7%, dependiendo simultáneamente de cómo se comporte la evolución del costo laboral.  Situación poco probable a menos de que se lleven reformas estructurales dentro de la economía del país.

La política de Devaluación Fiscal, que implica subir el IVA puede ser vista como una medida impopular porque reduce el consumo, no obstante, el diseño de este impuesto señala que es un tributo ligeramente progresivo – no golpea mayormente a los hogares de menores recursos – dado a que el 90% de los productos que componen la canasta básica, tales como: frutas, verduras, lácteos, cárnicos, transporte; están exentos del impuesto al valor agregado. A esto, se le suma el beneficio de que los exportadores están exentos del IVA por lo que una subida del mismo no merma la generación de nuevas divisas para la economía, un elemento fundamental en una economía dolarizada cuya necesidad imperante es buscar maneras creativas para mantener competitivo el costo laboral en un panorama de recesión económica, en la que los vecinos si son capaces de disminuir el costo laboral por medio de devaluaciones monetarias. Por último, el IVA en Ecuador antes del terremoto, 12%, tiene una tarifa baja en relación a los vecinos que tienen tasas del 19% Colombia, 18% Perú y 20% Chile; por lo cual, existe un amplio margen para aumentar este tributo sin tener una tarifa que se aleje de las comparaciones regionales.

Reducir los costos laborales mediante la disminución de aportes a la Seguridad Social para sustituirlo con un mayor IVA y una pre asignación del mismo es una política económica que ha sido aplica en varios países, entre los que se destacan: Dinamarca (1998), Suecia (1993), Alemania (2006) y Francia (2012).  Los países mencionados se caracterizan simultáneamente por tener sistemas de salud pública de carácter universal sin discriminación alguna para sus ciudadanos y ser competitivos, lo que lleva a un mayor nivel de bienestar para su población.

Autor

Juan Pablo Jaramillo

Twitter@jpjaramillo25

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